Marco jurídico reforzado para la protección de los derechos de propiedad intelectual

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introdujo un procedimiento administrativo especial de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet, que fue reforzado por las reformas del TRLPI mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre ( y la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

La vía administrativa se regula en el artículo195 TRLPI y en el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

El procedimiento es tramitado y resuelto por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio. La Sección Segunda se compone de dos vocales del Ministerio, un vocal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un vocal del Ministerio de Justicia, un vocal del Ministerio de Economía y Competitividad y un vocal del Ministerio de la Presidencia, designados por dichos departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas, pertenecientes a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual. Actualmente su presidencia se encuentra delegada en el titular de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro (Secretaría de Estado de Cultura).

La Sección Segunda ejerce funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de sociedad de la información a través de un procedimiento cuyo objeto es el restablecimiento de la situación de legalidad, es decir, la terminación de la conducta infractora. Por ello, a lo largo de todo el procedimiento se da prioridad a la retirada voluntaria de los contenidos vulneradores o a la inhabilitación del acceso a los mismos por el responsable del servicio de la sociedad de la información infractor.

Este procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

Prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.

Prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad de la resolución dictada, la Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de distintos prestadores de servicios y la adopción de otras medidas.

Se ha previsto en el TRLPI que se puedan adoptar las siguientes:

• la adopción de multas contra el servicio infractor en el caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores.
• la cooperación de los servicios de pagos electrónicos o de publicidad en línea para que suspendan sus servicios al servicio infractor.
• la suspensión de los servicios de intermediación, incluyendo el posible bloqueo de la página web por parte de los operadores de acceso a Internet.

El procedimiento se inicia de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar la documentación e información prevista en el artículo 17.2 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, y una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor, solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización (artículo 195.3 párrafo primero TRLPI).

El sujeto activo del procedimiento es el titular de los derechos de propiedad intelectual presuntamente infringidos, o de quien tuviera encomendado su ejercicio, incluyendo a las entidades de gestión colectiva de derechos.

El sujeto pasivo del procedimiento es el titular del servicio de la sociedad de la información a través del que se produce la infracción. La definición de “servicio de la sociedad de la información” se recoge en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, y requiere que el proveedor de servicios esté desarrollando una “actividad económica” a través del servicio. El comportamiento infractor debe ser llevado a cabo con la intención de alcanzar un beneficio directo o indirecto, o bien debe causar actual o potencialmente un daño a los titulares de derechos.

Los prestadores de servicios de intermediación en Internet, así como los prestadores de servicios de pagos electrónicos o de publicidad en línea, son notificados como partes interesadas. En el caso de que el infractor no retire los contenidos declarados infractores de forma voluntaria, dichos prestadores deberán cooperar con la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, y, de no colaborar estos últimos, podrían imponérseles multas de entre 150.001 y 300.000 €.

Los prestadores de servicios de intermediación están regulados por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, y son los siguientes: la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de internet.

Este procedimiento de salvaguarda se sustanciará de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, contradicción, celeridad y proporcionalidad. El plazo máximo de notificación y resolución del procedimiento será de tres meses, y la falta de resolución en plazo producirá la caducidad del procedimiento (artículo 195.3 párrafo cuarto TRLPI).

El procedimiento, además, requiere de la intervención de la autoridad judicial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, en concreto la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, en dos trámites clave en los que será necesaria la autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Audiencia Nacional):

• En el caso de que no sea posible identificar suficientemente al responsable del servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor, el art. 18 RD 1889/2011 establece que se solicitará la autorización judicial para requerir la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, mediante la cesión de los datos de que dispongan que permitan la identificación de dicho responsable. Sin embargo, de acuerdo con la modificación introducida en el TRLPI por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, cuando el titular del servicio de la información presuntamente infractor no cumpla con la obligación de identificación establecida en el artículo 10 de la Ley 34/2002, podrán ejecutarse las medidas de los prestadores de servicios de intermediación en la misma forma que dispone el punto siguiente para las medidas de ejecución forzosa de la resolución definitiva acordada por la Sección Segunda.
• En el caso de que la resolución final del procedimiento no fuera cumplida voluntariamente por el servicio infractor, la Sección Segunda se dirigirá a la autoridad judicial para que autorice la ejecución de las medidas impuestas por la resolución definitiva acordada, que incluirán requerir la necesaria colaboración de los prestadores de servicios de intermediación de cara a la ejecución forzosa; incluyendo la suspensión dirigida a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que correspondan, para el eficaz cumplimiento de la resolución. Dichas medidas deberán ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias (artículos 22 y 23 RD 1889/2011).